El Derecho Tributario se encarga del estudio de las normas que disponen la creación o el establecimiento de los tributos y su reglamentación, así como la relación jurídica – tributaria que surge entre la administración tributaria y los contribuyentes y/o los terceros obligados, como consecuencia de la aplicación y cumplimiento de dichas normas.

En materia de tributaria, Solís & Rodríguez Abogados presta lo siguientes servicios:

 

• Asesoría a los clientes en cuanto al cumplimiento tributario y la planificación fiscal.
• Tributación Internacional y Residencia Fiscal.
• Asistencia en todos los trámites administrativos relativos a peticiones o solicitudes ante las administraciones tributarias (Dirección General de Ingresos y autoridades municipales).
• Asistencia en litigios ante la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas (recurso de reconsideración) y ante Tribunal Administrativo Tributario (recurso de apelación y procesos por defraudación fiscal).
• Asistencia en litigios ante las autoridades tributarias municipales (recursos de reconsideración y apelación).
• Asesoría y asistencia en los trámites y litigios ante la Caja de Seguro Social en relación con la exigibilidad de las contribuciones de seguridad social (recursos de reconsideración y apelación).
• Acciones contencioso – administrativa de plena jurisdicción o de nulidad ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, relacionadas con la exigibilidad de tributos nacionales, municipales o contribuciones de seguridad social.

En Panamá, las contrataciones públicas se encuentran reguladas en el Texto Único de la Ley 27 de 22 de junio de 2006, ordenado por la Ley 153 de 8 de mayo de 2020, que advierte que las mismas deberán contribuir a la construcción de un sistema de responsabilidad social y sostenibilidad, procurando el desarrollo de políticas que permitan la protección comunitaria y medioambiental de Panamá.

Solís & Rodríguez Abogados en los tópicos de contrataciones públicas y licitaciones provee los siguientes servicios:

• Asesoría y acompañamiento en todas las etapas de los procesos de selección de contratista;
• Revisión de contratos;
• Asistencia en los procesos o litigios que surjan en la vía gubernativa.

        - Acciones de reclamo ante la entidad contratante.
        - Asistencia ante la intención de resolución administrativa del contrato.

• Litigios ante el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas.
• Recursos de impugnación contra el acto administrativo que adjudique o declare desierto un acto de selección de contratista o rechace las propuestas o cualquier acto que afecte la selección objetiva del contratista.
• Recurso de apelación contra la resolución administrativa del contrato y la sanción impuesta al contratista por incumplimiento.
• Recurso de apelación contra la resolución administrativa que dicte una entidad en la que impone multa al contratista por retraso en la entrega o la inhabilitación al contratista por el abandono de la obra.
• Recurso de apelación contra la resolución que inhabilita al adjudicatario por negarse a firmar el contrato.
• Asistencia en las acciones de reclamo no resueltas por la Dirección General de Contrataciones Públicas.
• Acciones contencioso – administrativas de plena jurisdicción o de nulidad ante la Corte Suprema de Justicia.

Asesoramos a los clientes recomendándoles una estrategia corporativa diseñada para sus actividades y requerimientos. Para este propósito, analizamos las estructuras jurídicas disponibles en la legislación panameña, su gobernanza y carga impositiva, sugiriéndoles la figura legal más idónea según las particularidades del cliente.

 

En el ámbito del derecho corporativo y empresas la firma Solís & Rodríguez Abogados ofrece los servicios de:

 

• Constitución de sociedades anónimas, sociedades de emprendimiento y sociedades de responsabilidad limitada.
• Constitución de fundaciones de interés privado, estructuración patrimonial, disposición y protección de activos.
• Elaboración de actas de reformas a estatutos, directivas u otras restructuraciones corporativas.
• Redacción de contratos civiles y comerciales.

En Solís & Rodríguez Abogados gestionamos una gama de servicios en materia de tramites de licencias, registros, certificados, concesiones y permisos ante las autoridades gubernamentales nacionales. A su vez, brindamos asesoría en materia de legislación y exigencias reglamentaria de los trámites administrativos.

Nos encargamos de realizar las siguientes diligencias o trámites:

• Registros comerciales e industriales ante el Ministerio de Comercio e Industrias.
• Registros de propiedad intelectual e industrial ante el Ministerio de Comercio e Industrias.
• Registros sanitarios ante el Ministerio de Salud y la Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos.
• Licencias e idoneidades para el ejercicio de profesiones reguladas ante las instancias competentes.
• Licencias de corredor de seguro para personas naturales y jurídicas.
• Trámites ante la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia.
• Inclusión de empleadores ante la Caja de Seguro Social y asuntos de seguridad social.
• Inscripciones en el Registro Público y Tribunal Electoral.

En Solís & Rodríguez Abogados ofrecemos asesoría en materia de migración y derecho laboral, tramitamos:

• Visas de no residentes y permisos de trabajo.
• Residencias permanentes: para inversionistas o jubilados.
• Elaboración de contratos de trabajo.
• Asesoría para la terminación de la relación de trabajo.
• Aprobaciones de reglamentos internos.

En lo que atañe a litigios, Solís & Rodríguez Abogados presta lo siguientes servicios:

Acciones y recursos para el agotamiento de la vía gubernativa

Contamos con amplia experiencia en los litigios relacionados con la impugnación de los actos administrativos emanados de las distintas entidades de la administración pública, que incluyen los recursos de reconsideración; de apelación; y de revisión administrativa, cuando proceda.

Destacamos nuestra experiencia en la preparación, presentación y trámite de los recursos de reconsideración y apelación contra los actos tributarios expedidos por las administraciones tributarias nacionales y municipales (Dirección General de Ingresos del MEF; Caja de Seguro Social; y municipios), así como el recurso de apelación ante el Tribunal Administrativo Tributario.

Igualmente, respecto de los procedimientos de selección de contratistas, preparación, presentación y tramitación de acciones de reclamo ante las entidades públicas contratantes; y los recursos de impugnación o apelación de competencia del Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas.

Jurisdicción contencioso – administrativa de la Corte Suprema de Justicia.

En el ámbito de litigios, nuestra experiencia se centra en los procesos contenciosos administrativos ante la jurisdicción ejercida por la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia contra cualquiera de los actos emanados de las entidades de la administración pública que se consideren ilegales. En particular

• Acciones contencioso – administrativas de plena jurisdicción contra actos administrativos particulares que afecten derechos subjetivos de los administrados; con especial experiencia en la impugnación de los actos tributarios emanados de las administraciones tributarias (Dirección General de Ingresos; Caja de Seguro Social; y los municipios).
• Advertencia de ilegalidad. Los actos administrativos en general, incluidos los actos tributarios, también son susceptibles de control a través de una advertencia de ilegalidad, en la medida que se considere que una norma reglamentaria aplicable al caso contiene vicios de ilegalidad. Se advertirá al funcionario u organismo encargado de decidir el caso, la posible ilegalidad de la norma aplicable, para su remisión a la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia.
• Acciones contencioso – administrativas de nulidad contra actos contra un acto administrativo de alcance general, que puede ejercitarse en cualquier tiempo, a partir de su expedición o después de su publicación, si ella se requiere para que entre en vigor.
• Medida cautelar – la suspensión provisional del acto demandado (conjuntamente con la demanda de nulidad o de plena jurisdicción). El artículo 73 de la Ley 135 de 1943 confiere al Tribunal Contencioso –Administrativo la facultad discrecional de decretar, con propósitos cautelares, la suspensión provisional de los actos administrativos cuya legalidad se debate.
• Otras acciones ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, tales como demandas de responsabilidad civil contra el Estado por infracciones en el ejercicio de sus funciones.

 

 Jurisdicción constitucional o control constitucional.

Las normas jurídicas, así como los actos administrativos, dictados por las entidades públicas o las decisiones de los tribunales administrativos establecidos, también pueden ser objeto de control constitucional a través de los mecanismos de guarda de la integridad de la Constitución, tales como: el amparo de derechos constitucionales; la acción de inconstitucionalidad; y la advertencia de constitucionalidad.

Nuestra experiencia se centra en la elaboración, presentación y trámite de las siguientes acciones constitucionales:

•  Amparo de derechos constitucionales.
•  Acción de inconstitucionalidad.
• Advertencia de inconstitucionalidad ante la autoridad encargada de decidir un caso, para su remisión al Pleno de la Corte Suprema de Justicia.

 

 

Litigios civiles; comerciales; de familia; y laboral.

Los acuerdos, contratos o relaciones entre las personas naturales o jurídicas pueden dar lugar al surgimiento de diferencias en cuanto a la interpretación, aplicación o ejecución de los pactos, provocando controversias que deberán dilucidarse en los tribunales de justicia.

Nuestra experiencia también abarca los procesos civiles; comerciales; de familia; y laboral ante los tribunales de justicia competentes. Por tanto, estamos en capacidad de ofrecer asesoría y representación ante todas las instancias judiciales ante las cuales se surtan procesos civiles, comerciales o de familia sean a nivel municipal, circuital o seccional, tribunales Superiores o la Sala Primera de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia.